“El derecho de las cosas”: la paradoja de Colombia. Caso proyecto de ley para la prohibición del fracking.
Por: Santiago Aldana Rivera (Colombia)
El pasado 1 de agosto del 2018 se radicó ante el Congreso de la República de Colombia, el proyecto de ley “por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración y/o explotación de Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos…”, es decir, dentro de los YNC, el fracking; una forma de explotación de hidrocarburos en la que se mezcla agua, arena y productos químicos para ser inyectada en el subsuelo a alta presión con el fin de fracturar la tierra y liberar los hidrocarburos en las partes más profundas del subsuelo.
Este proyecto redactado por la ciudadanía, es el resultado de los grandes esfuerzos que diferentes miembros de la Alianza Colombia Libre de Fracking han realizado en los últimos años, quienes por medio de la incidencia han puesto en el debate público la importancia de prohibir estas técnicas y de defender los derechos de sus comunidades y sus territorios.
Para Colombia, este hecho histórico, es el primer paso para poder tumbar definitivamente, por ejemplo, los aproximadamente 6 pilotos que actualmente compañías como Conoco Phillips, Drummond, Canacol Energy, Parex Resources, Exxon Mobil, entre otras, están impulsando en el territorio nacional, además, de cambiar radicalmente el modelo minero energético por el cual ha apostado el país durante estos último años. Situación que no cambiará con el nuevo gobierno al parecer por sus apuestas políticas de desarrollo.
Esta afirmación se ve evidenciada en entrevistas a María Fernanda Suárez, la actual ministra del Ministerio de Minas y Energías, donde declara al El Espectador “…mi trabajo comienza por convencer al presidente Duque de que el fracking se puede hacer de manera responsable y segura…”, cuando bajo el mismo proyecto de ley se sustenta desde diferentes puntos de vista los inmensos impactos que tendría explotar las actuales reservas con dichos métodos.
Dentro de estos impactos, de acuerdo a la exposición de motivos del proyecto Ley, se encuentran: consumo de elevadas cantidades de agua dulce que van entre 3.785 y 75.708 m3 por pozo, contaminación del aire por emisión de contaminantes como CO, NO2, H2S, SO2, y O3, generadas en inyección de fluidos, fracturación, uso de maquinarias, quemas, entre otros, degradación del suelo por deforestación para exploración y consecuentemente, afectación al sistema climático.
Igualmente, sus efectos en la salud por los 944 productos que se emplean en la fracturación, de los cuales, 353 sustancias tienen riesgo potencial directo para el ser humano, afectando en un 75% la piel, ojos y el sistema respiratorio en general, entre un 40 y 50% el sistema inmunológico, cardiovascular y el nervioso y un 25% de probabilidad de provocar cáncer y mutaciones; pasando por encima de principios adoptados en la legislación colombiana como el principio de precaución, el cual bajo ante un “peligro de daño grave o irreversible y la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”, como debería ser la prohibición de estas técnicas.
Los débiles fundamentos del gobierno para apoyar el fracking:
La actual visión del gobierno no es de extrañarse. Durante los últimos cuatro gobiernos se ha defendido a capa y espada que la explotación de crudo y de gas son las principales actividades económicas que aportan más al Producto Interno Bruto Nacional (PIB), pero la realidad es diferente cuando se incluyen una gran cantidad de garantías y prebendas que el gobierno ha dado a las empresas. Por ejemplo, para el 2017, de acuerdo al DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), el sector de la minería tuvo un aporte total de apenas del 5,3%, con una tendencia de crecimiento negativo frente a próximos años.
Asimismo, esta apuesta no solo se crea por la anterior razón. De acuerdo a declaraciones de parte del gobierno, al país le quedan 7 años de reservas de petróleo y apenas 11 de gas en explotación con métodos convencionales, lo cual, afana a implementar no convencionales para poder extraer los aproximados 10.000 millones de barriles y ampliar las reservas de gas a 30 años, que aún están bajo el subsuelo colombiano.
Pero dicho afán no se ha analizado detalladamente, pues no está debidamente fundamentado por los grandes vacíos e incertidumbres que implica su cálculo, pues no hay un método exacto que determine si verdaderamente existen estas reservas y si son efectivamente extraíbles.
Estos recursos como los hidrocarburos y el gas, los cuales se escapan a la simple vista, pone en una mayor coyuntura al país pues resulta ser una apuesta sin verdaderos fundamentos técnicos, sujeta a mercados internacionales y a su inminente declive. El planteamiento de extraer dichas reservas, acompañado con métodos no convencionales como el fracking, es una actitud reactiva de quienes legislan y gobiernan el país, que en caso de que todo resultara bien, solo retrasaría la crisis ya anunciada.
“El derecho de las cosas”:
Esta paradoja actual abre el camino a nuevas oportunidades como la posible y efectiva transición de la matriz energética del país a energías renovables no convencionales (más justas y responsables), las cuales en diferentes estudios se ha evidenciado que las condiciones geográficas, climáticas y sociales tienen un alto potencial de generación, que permitirían romper la monopolización de la energía y abrir territorios autónomos, donde se protejan y reconozcan derechos fundamentales.
Por otra parte, en el marco político y social, de lograrse que el congreso apruebe el proyecto de ley, se daría aplicación efectiva a principios esenciales en la protección del ambiente y de las comunidades, que éste rescata, como lo son el principio de precaución, prevención, progresividad y no regresividad, prevención del riesgo, maximización de la eficiencia en el uso del agua y priorización para la vida, que al país le ha faltado implementar y que en últimas, hacen de diferentes territorios altamente vulnerables en presentes y futuros escenarios.
El proyecto de ley, estará sujeto a ser sancionado y a pesar de que hace un llamado a tomar decisiones sujetas al “derecho de las cosas”, como se diría coloquialmente, la alianza y sus aliados están preparados para poder hacer frente con más argumentos, acciones en calle, estrategias en redes e incidencia para lograr que el monstruo del fracking no tome el territorio nacional.
Países como Francia, Alemania, Uruguay, Escocia y algunas provincias y estados de Estados Unidos, Australia, Argentina y Brasil, ya han dado el paso a dar moratoria a proyectos de YNC o a su total prohibición.
En este sentido, las tomas de las actuales decisiones deben ser acordes a las necesidades y realidades de los territorios junto a los compromisos que el país ha firmado como lo es el marco de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, los cuales se espera que para el próximo año den inicio a una verdadera implementación.
Para consultar el proyecto de ley, puede seguir el siguiente link: https://colombialibredefracking.wordpress.com/