¿Cómo asignar mejor los recursos de inversión para los proyectos de electrificación rural en Colombia?
Por: Paula Alejandra Gutiérrez Baquero
En Colombia, la prestación del servicio de energía eléctrica en el territorio nacional se provee de dos formas. La primera es una zona físicamente interconectada conocida como el Sistema Interconectado Nacional (SIN). De acuerdo con la Ley 143 de 1994, el SIN “es el sistema compuesto por los elementos conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución, y las cargas eléctricas de los usuarios”.
La segunda, llamada Zona No Interconectada (ZNI) y definida en la Ley 143 de 1994, como “el área geográfica donde no se presta el servicio público de electricidad a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN)”. Esta última cuenta con soluciones aisladas de generación, en su mayoría provenientes de combustibles fósiles (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2017).
De acuerdo con el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica 2029- 2023 (PIEC), el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE) en Colombia cubre aproximadamente el 96,54% de la demanda. Sin embargo, la varianza de los datos puede llegar a ser abismal, pasando de un municipio como Pacoa, Vaupés con la menor tasa de cobertura (3,38%), hasta llegar a la capital del país con un índice del 100%.
Figura 1
Mapa 1. Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE)
Mapa 2. Ubicación de las Zonas No Interconectadas
Nota. El mapa 1 representa el índice de cobertura eléctrica en el país, entre más claro menor índice de cobertura y viceversa. Elaboración propia con datos tomados del Anexo 1 del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica PIEC (2019- 2023), por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 2019. El mapa 2 representa la ubicación de las Zonas No Interconectadas en el país. Mapa tomado de la página del Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (ZNI).
La figura anterior permite ver que las zonas con menos cobertura de energía eléctrica son precisamente las de las ZNI. Siguiendo el mismo PIEC, la inversión que deberá asumir el Estado para el cubrimiento de todas las Viviendas Sin Servicio (VSS) de energía eléctrica, es
de aproximadamente 7,4 billones de pesos, según datos oficiales (UPME, 2018). Se calcula que existen 495.799 VSS, las cuales se encuentran a la espera de ser cubiertas a través de soluciones de interconexión (157.416 VVS), microredes aisladas (170.225 VVS) y sistemas individuales (168.158 VVS) (UPME, 2018).
Entonces, ¿cómo asignar mejor los recursos de inversión para los proyectos de electrificación rural en Colombia? Creando y aplicando una metodología de Análisis Costo Beneficio (ACB), pues mientras que países de la región (América Latina y El Caribe) como Bolivia, Chile, México y Perú ya cuentan con metodologías en el tema, Colombia aún se encuentra rezagada.
Este hecho ocasiona que muchas de las priorizaciones de inversión en el sector, no busquen un bienestar social sino uno meramente individual, ya que solo se consideraría el beneficio financiero del proyecto o de quien lo formula y ejecuta. Por ejemplo, “un proyecto podría ser atractivo para la entidad ejecutora y, a la vez, ser poco atractivo para otros individuos, en el caso de quienes residen en la zona donde se va a efectuar el proyecto” (Castro & Mokate, 2003).
En específico, una de las falencias que se evidencia al no contar con una metodología ACB, es que la evaluación de beneficios se ha venido convirtiendo en la “variable de ajuste” de los proyectos de inversión pública. Al seguir los lineamientos de la Metodología General Ajustada (MGA) del DNP, se encuentra que el flujo neto económico de los proyectos de inversión vincula la suma de los ingresos y los beneficios del proyecto, como se muestra a continuación.
Figura 2
Esquema flujo neto de caja
Nota. El cuadro anterior refleja la construcción actual de un flujo de caja neto (ingresos y beneficios). Tomado del informe Metodología General Ajustada (MGA), del Departamento Nacional de Planeación, 2015, Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas.
El problema subyace cuando la viabilidad del proyecto es medida por ambos rubros y no de manera separada, como se observa en la figura 2. Es decir, una evaluación de cierre financiero por un lado, y una evaluación económica por otro, pues de lo contrario, es posible que un proyecto no cuente con cierre financiero pero al agregarle los beneficios económicos el proyecto se vuelva viable, como está ocurriendo a la fecha. Situación que pone en duda su verdadero beneficio social.
En conclusión, a pesar de los grandes esfuerzos que Planeación Nacional ha llevado a cabo por contar con una metodología que permita evaluar de manera objetiva los proyectos tanto financiera como económicamente, a la fecha, la “variable de ajuste” para la viabilidad de los mismos está siendo la valoración de beneficios.
Bibliografía
– Diario oficial. (1994). Ley 143 por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional. Bogotá.
– Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2019). ZONAS NO INTERCONECTADAS: Diagnóstico de la prestación del servicio de energía eléctrica . Bogotá.
– UPME. (2018). Índice de Cobertura de Energía Eléctrica. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía.
– Castro, R., & Mokate, K. (2003). Evaluación económica y social de proyectos de inversión. Bogotá: Alfaomega.
– Departamento Nacional de Planeación. (2015). Manual conceptual de la Metodología General Ajustada (MGA). Bogotá
Texto tomado de mi proyecto de grado de la Maestría en Economía Aplicada: “Metodología de Evaluación de Beneficios para proyectos de electrificación rural en Zonas No Interconectadas (ZNI)”.
Presentado por: Paula Alejandra Gutiérrez Baquero
Asesorado por: Raúl Castro Rodríguez.