Adaptación al cambio climático en Colombia, un proceso reactivo y poco planificado: caso mi hogar
Por: Claudia LaRotta (Colombia)
Texto editado por: Santiago Aldana (Colombia)
El cambio climático constituye una variación en el clima causada en su mayoría por las actividades antrópicas. Este fenómeno se ha convertido en una amenaza latente por los efectos que desencadena y que se ha evidenciado últimamente de forma abrupta, aumentando la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y climáticos en varias regiones del mundo.
La crisis climática es una compleja realidad a nivel mundial. En mi país (Colombia), por ejemplo, se han tratado de implementar políticas climáticas, convenios o tratados y lineamientos para contribuir con la mitigación y adaptación de este fenómeno. Entre estos esfuerzos se reconoce la ratificación del Acuerdo de París, la ley 1931 de 2018 sobre gestión en cambio climático, además, de contar con políticas en adaptación, REDD+ y estrategias de desarrollo bajo en carbono. Sin embargo, hasta el momento su nivel de implementación, junto con la escasez de recursos financieros y capacidades en gestión del riesgo son insuficientes respecto al sentido de urgencia que despierta la crisis.
En mi anterior residencia, en Turbaco, un municipio colombiano en el Departamento de Bolívar ubicado al lado sur de Cartagena de Indias, se presentan de manera frecuente inundaciones que afectan a distintos barrios, a causa del aumento de las lluvias, las temporadas extremas de huracanes que afectan todo el caribe, además, de la ausencia de gestión del riesgo en el diseño urbano de estas zonas, afectando también mi hogar.
Desde noviembre del año 2010 hasta la más reciente temporada de huracanes que generó el huracán IOTA en el 2020, que afectó principalmente la isla de Providencia con un 98 por ciento de las casas en ruinas y 1.258 personas afectadas, he visto por mi propia cuenta como quienes vivimos en Turbaco, Cartagena de Indias y en general en el caribe colombiano, que hemos sido afectados con mayor frecuencia por el cambio climático. El año pasado fue coyuntural porque además de atravesar una crisis en salud, coincidió también la temporada de huracanes con el fenómeno de la niña, lo cual dejó en el país a decenas de municipios bajo el agua, más de 77.000 familias afectadas y al menos 42 muertos.
En el caso de mi barrio, cada vez se hacen inútiles los esfuerzos para evitar que las aguas de otras urbanizaciones se estanquen y lo más preocupante es el aumento del nivel del agua, el cual parece no cesar. Estos hechos han desencadenado un conflicto socio ambiental complejo al afectar nuestra calidad de vida, reducir nuestro patrimonio por la pérdida de bienes e inmuebles, al aumentar la propagación de enfermedades (como el dengue, el cual, mientras el COVID se posicionaba como pandemia, afectaba a la par a cientos de familias en el caribe) y por la falta de atención para implementar medidas en adaptación y gestión del riesgo de parte de las autoridades y entes territoriales. Asimismo, se ha observado, entre otras consecuencias, el aumento de la delincuencia, debido al abandono de las propiedades que quedan inhabitadas y al aumento de la pobreza en estas zonas.
No se tiene algún subsidio, asesoría o ayuda del Gobierno Nacional desde la primera inundación, dado que el Estado colombiano prioriza la atención de personas de más bajo recursos, excluyendo familias de clase media (trabajadores, comerciantes y profesionales) las cuales, debemos correr con los gastos de todas las cosas materiales y arreglos de la vivienda. Asimismo, en el caso de Providencia, seis meses después del huracán IOTA la reconstrucción de esta isla colombiana ha sido mínima. Apenas de se tiene 2 casas nuevas construidas de las 1.074 destruidas, además de no contar aún con hospitales y no tener la mitad de la población acceso a energía.
Actualmente, convivimos con el miedo de perderlo todo al iniciar nuevamente la temporada de huracanes. No se han canalizado las aguas y tampoco podemos asegurar que saldremos bien librados cuando se presenten nuevamente eventos climáticos extremos como los evidenciados en los anteriores años.
Esta situación requiere de un esfuerzo conjunto y transversal entre las dimensiones sociales, científicas, económicas, políticas, éticas y morales, con el propósito de debatir y consensar lo que se debe hacer, evitando así el incremento de esta problemática. Debemos afrontarla y adaptarnos a lo que se está evidenciando y lo que sucederá en el futuro.
A pesar de contar con instrumentos de gestión al cambio climático, estos no han sido suficientes para poder atender la crisis y reducir el riesgo. La adaptación y construcción de infraestructura resiliente es un proceso continuo, el cual requiere de muchas capacidades, recursos y sobre todo de voluntad política con participación ciudadana.
