Urge honrar el compromiso de implementación del Acuerdo de Escazú
Por: César Artiga (El Salvador)
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, entrará en vigor el Día de la Madre Tierra, el 22 de abril de 2021. Este es un hecho histórico y sin precedentes en la región, que se propone dar fiel cumplimiento al Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo, suscrita en 1992 como uno de los resultados de la Cumbre de la Tierra.
El Acuerdo de Escazú, dicho en palabras de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), es “un hito ambiental para América Latina y el Caribe”. Este Acuerdo fue adoptado el 4 de marzo de 2018 por 24 países en la ciudad de Escazú en Costa Rica, después de más de 4 años de negociaciones y se abrió a firma el 27 de septiembre del mismo año. Desde entonces 24 países lo han firmado y 12 países lo han ratificado, tal y como fue negociado, entrará en vigor 90 días después de depositar el onceavo instrumento de ratificación, que fue concretado por México el 22 de enero del año 2021.
Es preocupante que países como El Salvador, Honduras y Chile, a pesar de haber participado de todo el proceso de negociación, decidieran no honrar su compromiso de firma en el plazo establecido que cerró el 26 de septiembre del año 2020. Ahora la única vía posible para que estos países se conviertan en Estado Parte del Acuerdo es por medio de la adhesión. Sin embargo, no se vislumbra ni la voluntad ética ni política para caminar hacia saldar el compromiso, por lo que estos países y aquellos que no han ratificado aún, se están quedando atrás, mientras la preparación para su inminente implementación está cada vez más cerca.
La entrada en vigor del Acuerdo llega en un momento sumamente turbulento, complejo e inédito a nivel global, en medio de la pandemia de la COVID-19 que tantas vidas ha arrebatado y lo sigue haciendo, aunado a las crisis en las que ya estábamos inmersos desde hace mucho tiempo como humanidad, como lo son las que representa el cambio climático, la pérdida acelerada de biodiversidad, la escases de agua, la explosión social generada por las injusticas históricas que no han sido resueltas ante las profundas desigualdades. Y recientemente por el avance del autoritarismo que ha provocado severos retrocesos en materia de democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos en la región, amenazando el cierre del ya deteriorado espacio cívico.
América Latina y el Caribe tiene una oportunidad única con el Acuerdo de Escazú para avanzar de manera intencional y decidida en la ampliación y profundización de la democracia y gobernanza ambiental, en donde los países de la región han dado pasos muy distantes y desiguales, teniendo experiencias en países en donde se han dado pasos mucho más sólidos en materia de reconocimiento a los derechos de la Madre Tierra, aunque estos no han sido cumplidos a cabalidad, frente a experiencias en países del Caribe y Centroamérica donde la legislación en cuanto a derechos de acceso no ha avanzado lo suficiente y de manera significativa.
Los derechos de acceso que garantiza el Acuerdo de Escazú son considerados derechos llave porque permiten acceder a otros derechos. A la vez el Acuerdo establece disposiciones valiosas para asegurar que los grupos en condición de vulnerabilidad sean visibilizados y debidamente incluidos en la toma de decisiones sobre los asuntos que repercuten en su calidad de vida en cuanto a la integridad del ambiente y el goce pleno de sus derechos ambientales y ecológicos. En la región podemos identificar a grupos y poblaciones que han sido sistemáticamente dejados atrás como lo son los pueblos indígenas, afrodescendientes, las mujeres rurales, las comunidades costero-marinas, las juventudes, entre otros, con los cuales precisamente el Acuerdo busca honrar está deuda histórica de exclusión y despojo al que han sido sometidos.
El Acuerdo contiene un aspecto novedoso que es de vital importancia y trascendencia, que es el mandato a los Estados de garantizar un entorno favorable y propicio para que la personas defensoras ambientales ejerzan su labor en condiciones de seguridad y protección. Este es el único instrumento de derechos humanos a nivel global que contempla esta responsabilidad y representa un avance en el reconocimiento a estas personas por su compromiso con el cuidado y defensa de la naturaleza.
Según el Informe de Global Witness del año 2020, “148 personas de la región fueron asesinadas por su tarea de defensa del ambiente y de la tierra” y con respecto al Análisis Global de Front Line Defenders de 2020, “de las 331 personas defensoras asesinadas a nivel global en el año 2020, 264 eran del continente americano”. Estos hechos ponen en evidencia una alerta y un hecho ineludible, que América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo para ser una persona defensora del ambiente, de la tierra y de los derechos de los pueblos indígenas (Global Witness , 2020). Una muestra contundente de esta situación es el caso de la recordada compañera Berta Cáceres de Honduras, defensora inclaudicable de los ríos y el agua, que aún sigue en la impunidad.
Mientras la región se prepara para la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, suenan las alarmas y se consuman amenazas con el pretexto de la recuperación y reactivación económica de la COVID-19. Muchos países buscan impulsar medidas que son nocivas contra el ambiente en cuanto a su integridad y protección, como lo son los megaproyectos de infraestructura, turismo, las industrias extractivas de minería metálica, explotación de los bienes hídricos o los monocultivos; que tanto daño ocasionan por los altos costos sociales y ambientales que provocan. Las medidas que se están anunciando son totalmente incoherentes con los reiterados llamados que la ciencia nos hace respecto a que estamos en un punto de no retorno y que debemos corregir el rumbo fallido que están tomando nuestras sociedades. Ante todo, debe priorizarse el sentido de urgencia y las acciones contundentes para garantizar el derecho a un presente y futuro a las actuales y venideras generaciones. Ese compromiso está ausente y al contrario, las decisiones políticas siguen priorizando intereses económicos antes que la salud y bienestar del Planeta y Humanidad.
El Acuerdo de Escazú representa una esperanza para la región y a la vez debe ser un instrumento que permita fortalecer y acompañar las luchas históricas de los pueblos en su devenir por el cuidado de los bienes comunes naturales. Los pueblos y la Tierra claman por la paz y la justicia y ese compromiso pasa de manera ineludible por afirmar un robusto compromiso con la defensa de la naturaleza y la continuidad de la vida como la conocemos. La Paz Sustentable y las Soluciones Duraderas son posibles, este instrumento nos permite dar pasos decididos en ese sentido, propósito y dirección.
El Acuerdo de Escazú busca garantizar el derecho a un ambiente sano, saludable, seguro y sustentable. Desde la ciudadanía debemos asumir con determinación que este sueño y anhelo común de la región se convierta en una realidad. Como dice una estimada y entrañable amiga de mi país, pensemos en Arquímedes, Escazú es nuestra palanca, el punto de apoyo es la movilización de nuestras voluntades desde la solidaridad y reciprocidad entre pueblos. Movamos el mundo pensando en el bienestar de hasta la séptima generación venidera, ahí está la urgente-necesaria tarea a asumir.
