Por Karen Samyra
En el debate “Del Congo a la Amazonía: narrativas sobre territorios, minerales y transición justa”, parte del programa de la Casa de las ONG de Abong en Belém el 17 de noviembre, la discusión sobre las crisis provocadas por la actividad minera ocupó un lugar central. El encuentro presentó la cobertura periodística de Alma Preta Jornalismo sobre la guerra de los minerales en la República Democrática del Congo (RDC), destacando sus impactos socioambientales y las contradicciones de la llamada transición justa. En diálogo con Amazônia Underworld, la actividad trazó paralelos entre el Congo y la Amazonía, reflexionando sobre el papel del periodismo en la defensa de los territorios y la denuncia de las desigualdades ambientales.
El periodista Pedro Borges aportó informaciones que muestran cómo los conflictos armados, la explotación minera, las presiones climáticas y la disputa internacional por recursos esenciales para la transición energética se entrelazan en la realidad congoleña. La RDC desempeña un papel central en la llamada Asociación del Congo, un bioma compartido con otros países y de enorme relevancia ambiental. Durante la COP30 en Brasil, el país tuvo una presencia significativa, con una de las delegaciones más numerosas y un pabellón ubicado estratégicamente en la avenida principal del evento. Este protagonismo refleja su interés en el proyecto TFFF (Financiación de Soluciones para la Protección de los Bosques), visto como una oportunidad para obtener fondos destinados a preservar sus bosques, que enfrentan desafíos similares a los observados en la Amazonía.
Pedro observó que, aunque no es experto en Amazonía, ya ha trabajado en la región y ha identificado problemas similares a los del Congo, como las disputas por minerales y la actuación de grupos armados. En Brasil, comunidades quilombolas cercanas a Belém ven su vida cotidiana fuertemente afectada por facciones como el Comando Vermelho, que utilizan estos territorios como rutas de escape, una dinámica que recuerda la función histórica de los quilombos como lugares de refugio.
Una guerra global por minerales estratégicos
En el caso de la RDC, la situación es aún más compleja. A pesar de la escasa atención que América Latina presta al país, se trata de uno de los conflictos más graves del mundo, involucrando los intereses de grandes potencias económicas y militares. Existe una disputa clara entre Estados Unidos y China por los minerales congoleños, evidente incluso en el tamaño de la embajada china en el país.
Las estimaciones más conservadoras hablan de más de seis millones de muertos, una cifra que contrasta con la atención global dada a conflictos mucho más pequeños.
Aunque los factores étnicos —especialmente las tensiones posteriores al genocidio de Ruanda en 1994— influyen en el conflicto, esta explicación es insuficiente frente a su magnitud y violencia. La región oriental de la RDC alberga más de cien grupos armados, tropas de países vecinos (Burundi, Uganda, Ruanda), además de la mayor misión de paz de la ONU, con entre 10.000 y 15.000 militares. Se trata de un territorio militarizado, donde las fronteras son fluidas y los intereses mineros determinan la dinámica de ejércitos y milicias.
Una economía devastada por la explotación minera
La selva del Cuenca del Congo también sufre impactos intensos. Para los grupos armados, el bosque es protección y refugio; para la minería, es un obstáculo a eliminar. El sector minero constituye el 90% de la economía del país, y casi toda su industria está ligada a la extracción.
Las redes de financiamiento de los grupos armados son sofisticadas: involucran intermediarios locales y extranjeros, cooperativas y grandes mineras que suministran a empresas tecnológicas globales.
Durante las visitas a las minas de cobalto, se observaron:
- amplias áreas degradadas,
- condiciones de trabajo extremas,
- contratos entre minas y empresas como Tesla.
Pedro destacó que los minerales extraídos en el país alimentan la transición energética global, celebrada como “verde” sin considerar las condiciones de extracción. Los congoleños entrevistados afirman que no existe una transición energética justa y muchos se ven a sí mismos como parte de una zona de sacrificio. Paradójicamente, aunque producen minerales esenciales para autos eléctricos, en la RDC no existen autos eléctricos.
La capital, Kinshasa, enfrenta graves problemas de gestión de residuos y lluvias intensas similares a las amazónicas; durante estos eventos, las muertes son frecuentes. En los campos de refugiados se ven dos crisis simultáneas: desplazados por la guerra —principalmente por el grupo armado M23, apoyado por Ruanda— y desplazados climáticos. También hay denuncias de que minerales provenientes de áreas controladas por el M23 terminan en la cadena de suministro de empresas como Apple.
En la “capital mundial del cobalto”, las casas presentan grietas por la actividad minera y muchas serán demolidas. El trabajo infantil es recurrente: en varias minas visitadas, el 80% de los trabajadores eran niños. La frontera entre minería legal e ilegal es difusa, especialmente en áreas llamadas ramble, depósitos de desechos donde las empresas niegan responsabilidad pese a la presencia de sus propios guardias de seguridad.
Las imágenes recogidas —agua verdosa por contaminación con cobalto, viviendas dañadas, niños realizando trabajos pesados— ilustran contradicciones profundas: mientras la RDC sostiene parte de la transición energética mundial, su territorio es devastado y su población enfrenta conflictos, desastres ambientales, explotación laboral y desplazamientos forzados.
Paralelos con la Amazonía
Las investigaciones de Amazon Underworld muestran que la explotación de minerales críticos, esenciales para baterías y tecnologías “verdes”, está profundamente entrelazada con redes criminales que operan en toda la Amazonía.
Estas economías ilícitas:
- aprovechan la geografía remota,
- infiltran facciones armadas,
- corrompen funcionarios,
- ocupan territorios indígenas,
- destruyen ecosistemas y desplazan comunidades.
La presión global por los minerales de la transición energética acelera este proceso, convirtiendo regiones clave en zonas de saqueo, violencia y degradación ambiental.
El informe “Amazonía bajo ataque”, presentado en el debate, mapea la presencia de crimen organizado y grupos armados en más de dos tercios de los municipios amazónicos.
Facciones brasileñas, milicias, grupos paramilitares y guerrillas:
- imponen toques de queda,
- controlan rutas fluviales,
- establecen sus propias “leyes”,
- incluso emiten documentos para los residentes.
Estas redes no solo alimentan la minería ilegal, sino que moldean las economías locales, desplazan poblaciones e impiden políticas ambientales efectivas.
Una transición energética construida sobre injusticias
Estas realidades deben discutirse en espacios internacionales como la COP, porque muestran que la búsqueda de un “mundo verde” está imponiendo costes desproporcionados a territorios del Sur global como la Amazonía y la RDC.