Por Marzio Fait
Foto: Pixabay
En la COP30 de Belém, mientras gobiernos y negociadores discuten cómo acelerar la descarbonización global, un tema crucial continúa marginado del debate oficial: el impacto climático del sector militar y de los conflictos armados.
Mientras el mundo se concentra en la transición energética, el transporte limpio y la transformación industrial, las actividades militares persisten en una zona gris contable, produciendo una huella de carbono comparable a la de economías avanzadas enteras, sin estar sujetas a ningún sistema de monitoreo o reporte obligatorio. En este contexto, la COP30 ofrece quizá una oportunidad única para visibilizar este problema pendiente e incluirlo finalmente en la agenda climática global.
Emisiones del sector militar
Según el Conflict and Environment Observatory (CEOBS), el sector militar es responsable del 5,5% de las emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero.
En el informe presentado en la COP, CEOBS ofrece estimaciones que muestran la magnitud del problema:
- En los tres años desde la segunda invasión de Ucrania, el conflicto ha generado 237 millones de toneladas de CO₂ equivalente, con daños climáticos estimados en 43 mil millones de dólares.
- La intensificación de la ocupación de Gaza ha producido, en los primeros quince meses, más de 31 millones de toneladas de CO₂ equivalente, una huella mayor que la huella anual de 102 países.
- Y, según las previsiones, la fase más emisora —la de reconstrucción— aún está por venir.
Incluso las decisiones políticas europeas tienen un impacto significativo.
El plan “ReArm Europe/Readiness 2030” prevé un aumento del gasto militar de la UE de más de 800 mil millones de euros para 2030. CEOBS estima que este aumento podría generar hasta 218 millones de toneladas adicionales de CO₂ equivalente por año, con daños climáticos asociados de hasta 298 mil millones de dólares.
A pesar de estas cifras, ningún gobierno está obligado a reportar completamente las emisiones de sus actividades militares.
La exención nació con el Protocolo de Kioto y sobrevivió en el Acuerdo de París, que solo prevé reportes voluntarios. Resultado: un panorama fragmentado, definido por muchas organizaciones como el “military emissions gap” (brecha de emisiones militares).
Costes y propuestas
Mientras tanto, el gasto militar global sigue aumentando, alcanzando los 2,7 billones de dólares en 2024.
Además, según CEOBS, los países del Norte Global invierten 30 veces más en sus fuerzas armadas que en financiamiento climático internacional.
De aquí surgen algunas propuestas de ONG e instituciones:
- Oil Change International estima que podrían movilizarse hasta 5 billones de dólares mediante un impuesto al comercio de armas y la reasignación del 20% del gasto militar de los países ricos.
- Un informe de la ONU, por su parte, señala que bastaría reinvertir el 15% del gasto militar global para cerrar la brecha actual de financiamiento para la adaptación climática.
En el documento presentado en Belém, CEOBS identifica tres prioridades:
- Reporte obligatorio de las emisiones militares con directrices actualizadas del IPCC.
- Incorporar reducciones de emisiones militares en las NDCs.
- Reorientar inversiones públicas, garantizando que el gasto en defensa no desvíe recursos de la acción climática, la diplomacia y la construcción de paz.
Sin abordar el costo climático del sector militar y sin realinear las prioridades de gasto, los objetivos del Acuerdo de París seguirán fuera de alcance.
Pero sobre todo, sin encontrar alternativas a la manera en que conducimos las relaciones internacionales, corremos el riesgo de permanecer atrapados en el mismo círculo vicioso.
En un mundo en crisis, la COP nos recuerda que el diálogo y la cooperación siguen siendo el único camino para enfrentar los desafíos del futuro. Juntas y juntos.
