Promovido por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), el Júri Ancestral debatió las múltiples violaciones vividas por los pueblos indígenas afectados por megaproyectos que amenazan sus territorios, su seguridad, sus modos de vida y sus derechos constitucionales.
Un tribunal para un juicio simbólico
El juicio simbólico emitió una sentencia sobre seis casos emblemáticos de proyectos económicos en tierras indígenas, en diferentes regiones del país. En general, todos ya se encuentran en procesos judiciales oficiales. Todas las denuncias revelan un modelo de violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas y de regresión socioambiental que privilegia el lucro a costa de la vida de los pueblos, de las aguas, de los bosques y de todos los seres vivos. Frente a esto, el Tribunal reafirma: “el territorio es vida, y la vida no es negociable”.
Los casos fueron presentados por diversas lideranzas, mientras que abogados indígenas actuaron como jueces y pronunciaron las sentencias. Participaron del júri las lideranzas indígenas Milena Mura, Claudivan, Leusa, Alex, Marcelo Anacé y Maíra Pankararu, además de los abogados Jorde Tembé, Lucas Marubo, Adriano, Alexandre, Ricardo Terena, Luiza, Jorge Tabajara y Maíra. Helinton Kaxinawa presidió el proceso.
El abogado indígena Alexandre Arapiun, miembro del Departamento Jurídico de Apib, explica que la mayoría de las sentencias consideró la ausencia de consulta en los territorios y los daños ambientales. Subraya además la importancia de escuchar a los pueblos indígenas en la construcción de soluciones a la crisis climática:
“Muchas lideranzas están en la zona azul, en la zona verde, llevando denuncias y afirmando que la protección de los territorios ejercida por las lideranzas y los pueblos tradicionales es la respuesta a la crisis climática. Y no es posible que la COP30 aborde este debate sin escuchar a estas lideranzas”, sostiene.
Para Ricardo Terena, abogado de la cooperativa del Departamento Jurídico de Apib, el júri fue “una oportunidad para realizar tanto un proceso de educación popular, llevando esta información a las comunidades indígenas, como para aportar nuestra mirada jurídica —una mirada jurídica de pueblos indígenas para pueblos indígenas”.
Uno de los casos juzgados, el Proyecto Potássio Brasil, trata de la explotación de cloruro de potasio en la Amazonia. Milena Mura, lideresa indígena, habló de los impactos causados por la extracción en la zona reconocida como ocupación tradicional del Pueblo Mura. La actuación de Potássio Brasil Ltda provocó daños ambientales como deforestación y contaminación, amenazando la salud física y psicológica de la población indígena de la región. La decisión del Tribunal determina la suspensión inmediata de las actividades de la empresa.
“Que el río Madeira siga fluyendo junto al Pueblo Mura, porque donde hay corriente, hay resistencia”, dice la sentencia.
En Pará se juzgó el caso del Proyecto Volta Grande, de Belo Sun Mining Ltda, que propone instalar la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil, en la región Volta Grande do Xingu, ya afectada por la represa de Belo Monte.
El Proyecto Ferrogrão prevé la creación de un ferrocarril que conecte el Puerto de Miritituba (PA) con el municipio de Sinop (MT) para facilitar el transporte de maíz y soja, presionando los territorios Munduruku, Kaiapó, Panará, Apiaká y otros.
También fueron juzgados el Proyecto Ruta Bioceánica, que conectará el Puerto de Santos con dos puertos chilenos, pasando por Paraguay y Argentina, uniendo el Atlántico al Pacífico con el objetivo de potenciar el comercio internacional. Según la FUNAI, la ruta afectará al menos tres territorios indígenas en proceso de demarcación.
La instalación de un Centro de Datos de TikTok en Caucaia (CE) fue otro caso analizado en el Júri Ancestral. Lideranzas como Marcelo Anacé, que participó en el proceso, reportan impactos sobre la salud física y mental de la población, contaminación del aire, del suelo y del agua, además de restricciones al acceso a recursos ambientales y debilitamiento de la autonomía territorial.
Finalmente, se juzgó el caso del pueblo Pankararu, afectado por la construcción de la Central Hidroeléctrica de Itaparica en 1988, y posteriormente por la instalación de líneas de transmisión eléctrica y, más recientemente, por la construcción del Complejo Eólico y Solar de Tacaratu. El Tribunal condenó simbólicamente al Estado brasileño por las violaciones cometidas contra los Pankararu, determinando la suspensión de nuevas obras y la reparación de los daños culturales, espirituales y ambientales causados.
Sobre la Aldeia COP
La Aldeia COP reúne a 3.000 indígenas, representantes de más de 100 pueblos de todos los estados de Brasil y de otros países. Ubicada en la Escuela de Aplicación de la Universidad Federal de Pará, cuenta con alojamientos y una programación abierta al público, con actividades políticas, culturales, rituales religiosos, una feria de artesanías y productos típicos de las culturas indígenas.
La iniciativa del Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI), con la participación de Apib, la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab) y la Federación de los Pueblos Indígenas de Pará (Fepipa), busca ampliar la participación indígena en las discusiones sobre el clima.
La ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, reafirmó el papel histórico de los pueblos indígenas en la COP30. Solo en la Blue Zone, el espacio de negociaciones oficiales, fueron acreditados 400 indígenas, un número mayor que el del año pasado en Bakú.
