COP29: Un futuro de fuego y agua

Por Federico Voltolini, Giulia Sironi y Roberto Barbiero
Traducción Monise Berno
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El Adaptation Gap Report 2024 (AGR), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sobre la evaluación anual del progreso en la adaptación al cambio climático, fue presentado ayer (18 de noviembre).

El AGR ofrece una evaluación anual del progreso en la planificación, implementación y financiamiento para la adaptación al cambio climático. En particular, estima la brecha entre la cantidad de dólares invertidos en adaptación y lo que realmente se necesitaría. Además, por primera vez, también se evaluó la efectividad de la capacitación y la transferencia de tecnología en la implementación de medidas de adaptación climática.

¿Qué es la adaptación?

La adaptación se refiere al proceso destinado a anticipar o responder a los efectos del cambio climático. Las acciones de adaptación pueden tomar muchas formas, dependiendo del contexto específico de una comunidad, empresa, organización, país o región. No existe una solución única para todos: la adaptación puede incluir desde la construcción de defensas contra inundaciones y la creación de sistemas de alerta temprana para ciclones, hasta la transición hacia cultivos resistentes a la sequía, la reforma de sistemas de comunicación, operaciones empresariales y políticas gubernamentales.

La adaptación, por tanto, es una respuesta a los efectos actuales o previstos del cambio climático. Se diferencia del término “resiliencia”, ya que este último se refiere a la capacidad de una sociedad para recuperarse de eventos extremos, como los asociados al cambio climático.

Los Planes Nacionales de Adaptación (PNA – NAP)

Durante la COP16 en Cancún, México, se estableció el Marco de Adaptación de Cancún (CAF), que permite a las Partes formular e implementar PNAs como una herramienta útil para identificar acciones de adaptación a mediano y largo plazo.

En los últimos años, ha habido un crecimiento significativo en la planificación de la adaptación: 171 países (87%) cuentan actualmente con al menos una herramienta nacional de planificación de la adaptación (política, estrategia o plan). De estos, el 51% tiene un segundo instrumento y el 20%, un tercero. Sin embargo, aunque 16 de los 26 países que no poseen una herramienta de planificación nacional están en proceso de desarrollarla, aún quedan 10 países que actualmente no muestran señales de hacerlo.

La calidad de los instrumentos de planificación también es un indicador clave de la probable eficacia de su implementación. Un análisis de los PNAs revela que la eficacia potencial de la planificación de la adaptación es heterogénea. La mayoría de los países identifica una combinación de prioridades que abordan riesgos climáticos específicos y sectoriales, así como factores impulsores de medidas de adaptación, además de tratar temas de inclusión y participación, incluyendo a grupos históricamente desfavorecidos, como mujeres, poblaciones indígenas y comunidades locales.

No obstante, se observan deficiencias en la solidez de la base de datos y brechas en relación con el cronograma y los costos específicos de las prioridades de adaptación, lo que afecta su viabilidad.

Además, un análisis del alineamiento entre los Planes Nacionales de Adaptación (PNA) y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), previstas en el Acuerdo de París, indica que la mayoría de los PNAs y NDCs de los países están solo parcialmente alineados (68%), mientras que un 16% no muestra ningún tipo de alineación. Para 2025, los países deberán actualizar sus NDCs, lo que representa una buena oportunidad para alinear los PNAs con los planes de mitigación de gases de efecto invernadero.

Los compromisos actuales de mitigación llevarían a un aumento estimado de la temperatura al final del siglo de aproximadamente 3,1°C en comparación con los niveles preindustriales. Este escenario supera significativamente los límites establecidos por el Acuerdo de París, lo que resultaría en impactos catastróficos e incalculables para el medio ambiente y las economías de los países.

Un compromiso más ambicioso en materia de mitigación, si no se cumple, podría llevar a un futuro marcado por “incendios e inundaciones”, expresión que da título al informe. Lucy Njuguna, de la Alianza Internacional para la Biodiversidad, enfatiza que “mejorar la respuesta de los países ante la emergencia climática requiere colaboración y apoyo entre diferentes actores, siendo fundamental evaluar la eficacia de las acciones concretas realizadas e integrar estas evaluaciones en los informes”.

Financiamiento para la adaptación al cambio climático

En 2022, los flujos financieros internacionales y públicos destinados a la adaptación en países en desarrollo alcanzaron 28 mil millones de dólares (excluyendo gastos públicos internos y financiamiento privado), 6 mil millones más que el año anterior, marcando el nivel más alto desde la entrada en vigor del Acuerdo de París. ¿Son suficientes estos recursos? Según estimaciones del grupo de investigación del PNUMA, no. Se necesitan entre 215 y 318 mil millones de dólares anuales para satisfacer eficazmente las necesidades de adaptación, lo que implica un flujo financiero al menos 10 veces superior al actual. Esta cifra también se menciona en el artículo 12 del borrador del 11 de noviembre de 2024, relacionado con la definición de los nuevos objetivos de financiamiento climático (New Collective Quantified Goal on Climate Finance – NCQG).

Al presentar estos datos, Henry Neufeldt, uno de los coordinadores del informe, destacó la necesidad de “ampliar el menú”, refiriéndose a la diversificación de instrumentos financieros y actores que contribuyan al financiamiento de la adaptación. Actualmente, solo un tercio del financiamiento (8-9 mil millones de dólares) proviene del sector privado. Fortalecer esta fuente se perfila como un elemento clave para facilitar las acciones necesarias de adaptación. Asimismo, la búsqueda de mecanismos de financiamiento alternativos a la deuda es considerada un factor determinante para el éxito en este ámbito.

Se estima que dos tercios de los fondos deben provenir del sector público, mientras que el sector privado podría aportar el tercio restante. Sin embargo, Georgina Kamo, especialista en desarrollo internacional, enfatiza que “el financiamiento, por sí solo, no es suficiente. El apoyo político es fundamental”.

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