La COP de este año fue apodada la ‘COP de las Finanzas’: de hecho, el cuarto día de trabajo estuvo dedicado íntegramente a este tema crucial. La sociedad civil no perdió la oportunidad de hacerse escuchar, organizando protestas autorizadas dentro de los pabellones y exigiendo con fuerza un nuevo modelo de financiamiento público que favorezca los subsidios en lugar de los préstamos.
Primero, comprendamos la relación entre Finanzas y Clima: debemos recordar que tanto la acción como la inacción conllevan costos. De hecho, la Iniciativa de Política Climática, en uno de sus informes, ha calculado que el gasto para las necesidades financieras es de 266 billones de dólares si se mantiene el escenario de un aumento máximo de temperatura de 1,5° por encima de los niveles preindustriales. Mientras tanto, el costo de las pérdidas, ya ocurridas (pensemos en lo que acaba de suceder en Valencia) o que ocurrirán, se estima en 1062 a 2328 billones de dólares en caso de que el aumento de la temperatura supere los 1,5°. Números impresionantes.
El Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado
La COP de Bakú se centra en establecer un ‘Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado’ para la financiación climática (NQCG), con el objetivo de superar el anterior límite de financiación anual de 100 mil millones de dólares establecido en el pasado. Este nuevo objetivo busca garantizar un apoyo financiero adecuado para acciones ambiciosas de mitigación, al tiempo que promueve una mayor transparencia en la implementación de los compromisos.
En este sentido, se están llevando a cabo discusiones sobre cómo nutrir e implementar el ‘Fondo de Pérdidas y Daños’, que se ha convertido en uno de los temas centrales en las negociaciones internacionales sobre el clima. Este término se refiere a los impactos negativos del cambio climático que no pueden ser mitigados mediante la reducción de emisiones ni abordados a través de estrategias de adaptación. Incluyen eventos climáticos extremos como huracanes e inundaciones, pero también fenómenos de lenta evolución como el aumento del nivel del mar.
La historia del Fondo de Pérdidas y Daños
Después de décadas de demandas por parte de la sociedad civil y de los países más afectados, principalmente en el Sur Global, el Fondo de Pérdidas y Daños fue finalmente aprobado en la COP27 en Sharm El Sheikh y formalizado en la COP28 en Dubái el año pasado. Es un fondo administrado por el Banco Mundial, que actuará como intermediario financiero y proporcionará la secretaría.
La misión declarada del Fondo es apoyar a los países en desarrollo, particularmente vulnerables a los impactos climáticos, en enfrentar las pérdidas económicas y no económicas relacionadas con el cambio climático. Uno de los puntos más importantes para las organizaciones locales y la sociedad civil es garantizar que el Banco Mundial permita a todos los países en desarrollo acceder directamente a los recursos del Fondo, incluso a través de autoridades locales, nacionales y regionales, y que proporcione pequeñas cantidades de financiamiento directo para las comunidades más afectadas.
El propósito del Fondo de Pérdidas y Daños
El fundamento para la creación de este fondo radica en el hecho de que, cuando hablamos de clima, no se puede pensar únicamente en eventos naturales catastróficos y emisiones de CO₂, sino que la crisis que estamos viviendo es también social: el año pasado hubo, de hecho, más personas desplazadas por cuestiones climáticas que por conflictos, y actualmente 216 millones de personas están en riesgo de desplazamiento. No es casualidad que el grupo de los llamados ‘Vulnerable 20’ (V20) ahora cuente con setenta países repartidos por todos los continentes, y ya no solo con los 20 originales.
Desafíos abiertos
Por lo tanto, habrá tres desafíos que deben ser abordados y financiados en este campo: el primero está relacionado con cómo mantener a las personas en sus lugares de origen, lo que podría implicar encontrar nuevas formas de irrigar campos o construir edificios más resilientes. El segundo está vinculado a encontrar una manera de proporcionar apoyo a las personas que ya han tenido que abandonar sus países. Finalmente, cómo la migración podría utilizarse como un mecanismo de asignación, como ha sucedido en Australia, donde a través de un programa de movilidad laboral se ha brindado a los desplazados climáticos la oportunidad de ser agentes de su propio futuro. Este aspecto fue destacado como crucial, ya que sin un número suficiente de personas capacitadas y listas para trabajar en la transición energética, los objetivos del Acuerdo de París corren el riesgo de no ser alcanzados.
Entre las principales ideas planteadas en uno de los eventos paralelos organizados en la COP29, se enfatizó la importancia de involucrar activamente a grupos y comunidades actualmente o potencialmente vulnerables a los impactos del cambio climático en los procesos de toma de decisiones. Estos actores, precisamente debido a su exposición directa a los riesgos climáticos, deben tener un papel central en la formulación de nuevas políticas para que las soluciones adoptadas respondan a las necesidades concretas de los más afectados.
Posiciones de los países
Sin embargo, los países participantes en la COP están divididos en cuanto a las decisiones necesarias para avanzar en estas políticas. Por un lado, están los países en desarrollo que piden establecer un objetivo de al menos 1,3 billones de dólares anuales, centrado en la financiación pública concesional, es decir, a tasas concesionales, incluyendo préstamos altamente concesionales. Proponen subobjetivos específicos para mitigación, adaptación, pérdidas y daños, y solicitan mayor claridad sobre lo que debe incluirse en la definición de ‘financiación climática’, además de proponer criterios para una distribución equitativa entre países con diferentes necesidades. Por otro lado, los países desarrollados prefieren un enfoque que implique un compromiso global, como se establece en el Artículo 9.3 del Acuerdo de París, y buscan superar la división tradicional entre países desarrollados y en desarrollo. Proponen un doble objetivo: un primer objetivo de movilización de inversión global que incluya fuentes financieras de países desarrollados y en desarrollo, así como de instituciones internacionales; y un segundo objetivo de financiación pública, mantenido en niveles similares a los del pasado, para garantizar un apoyo predecible, manteniéndose en miles de millones de dólares anuales.
Una forma de resolver la crisis
Esta divergencia refleja no solo diferentes enfoques hacia los compromisos financieros, sino también tensiones profundas sobre las responsabilidades históricas y las expectativas de equidad en el apoyo a la acción climática. La relación entre el clima y las finanzas se vuelve así crucial para abordar de manera efectiva la crisis global, proporcionando recursos no solo para proyectos de transición, mitigación y adaptación, sino también para apoyar a las comunidades vulnerables que cada vez más se ven obligadas a migrar debido al cambio climático.