El eterno retorno del salvajismo moderno
Por: Luisa Zúñiga y Laura Lozano (Colombia)
El resguardo de Uradá- Jiguamiandó, ubicado en el municipio de Carmen del Darien en el departamento del Chocó, ha sido por mucho tiempo, un territorio en el que se han gestado múltiples conflictos, que han involucrado diversos actores tales como las comunidades indígenas, empresas extractoras privadas, grupos al margen de la ley y el mismo estado colombiano. Sin ser menos importante, el territorio ha tenido qué vivir un abandono estatal notable qué sólo ha agudizado los problemas con los que conviven a diario los habitantes del resguardo, puesto que las pocas herramientas que poseen para lograr materializar sus derechos sobre las tierras en las que suceden tales acontecimientos problemáticos (e incluso a veces sobre sus propias vidas), les son negados o simplemente se ignoran en un intento de que no salga a la luz las terribles condiciones que hoy por hoy se viven allí.
En este caso particular el conflicto referido es denunciado por la comunidad indígena del resguardo en Octubre de 2021 y tiene como base la iniciativa de la empresa Minera Cobre SAS, de forma específica, en el cerro sagrado Jai Katuma que también se conoce como Careperro, el cual se encuentra dentro de la reserva de Jiguamiandó y que tiene un potencial minero para la extracción de cobre y oro en minas a cielo abierto en 4 zonas específicas: zona de Táparos y Jarapetó, La Rica, Murindó y la zona del Río Murindó, con un área de 16.000 hectáreas (Enviromental Justice Atlas, 2014). La iniciativa en este territorio no es nueva, pues en 2009 se dio una situación similar con la empresa Muriel Mining.
En la superficie, parece un típico conflicto en el que una comunidad indígena busca proteger su patrimonio cultural del gran capital del hombre blanco, debido también a la connotación espiritual que existe entre las 12 comunidades Emberá que habitan allí frente al cerro Careperro, pero estamos hablando de algo mucho más allá de eso.
Sentado leyendo esto, al espectador se le hizo un común denominador dejar qué a su interés lo medie la percepción de amenaza con la que ve el conflicto en cuestión, en ese mismo orden y para adelantar un poco a ese futuro cuestionamiento, es necesario comprender la importancia del territorio sujeto a explotar y la situación qué aquí se menciona:
Hablamos de afectar una comunidad que ya se había pronunciado de manera conjunta de forma representativa a través de una asamblea, en la que se llevó a cabo una consulta interna en la que todos estuvieron de acuerdo en prohibir cualquier tipo de extracción minera en ese territorio y qué claramente no tomaron en cuenta (OLCA, 2021) ; además, de sustento en niveles alimenticios, habitacionales y de acceso a una fuente natural de agua no solo de esas comunidades, sino también de un sinnúmero de especies qué se deberían proteger entre las cuales se encuentran “(…)perdices, guacamayas, loras, guaguas, zainos, tatabros, armadillos, conejos, pavones, pavas, cerdos salvajes y hasta micos” (Enviromental Justice Atlas, 2014), qué son también importantes para mantener el equilibrio del medio ambiente y la subsistencia de comunidades afrodescendientes de la zona. Hablamos de un problema qué vuelve discutible el poder qué le damos a organismos como la Corte Constitucional, que no pueden asegurar ni si quiera que se cumplan entre otras cosas “(…) las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ley de origen el derecho propio y el artículo 246 de la Constitución política de Colombia así como el convenio 169 dela OIT” (OLCA, 2021), que protegen los territorios y las minorías en medio de un contexto de diversidad étnica (cosas que fueron base de nuestra actual constitución).
De ahí se puede decir que es claro que hay un conflicto de tipo socioambiental, que también tiene una connotación ecológica-distributiva en la que el problema es la extracción de un material, que en este caso es el cobre, y que por la forma en la que se busca hacer (minería a cielo abierto), causa un problema de contaminación en suelo, aire, agua y en general la inestabilidad del ecosistema.
A lo largo de la historia las comunidades indígenas se han visto afectadas por los vacíos que tiene la legislación colombiana en cuanto a licencias ambientales sobre invasión en sus territorios; los cuales se han visto constantemente amenazados por actividades mineras que se han ido consolidando en estos sitios gracias a procesos como los contratos de concesión. Acuerdos que son celebrados por el Ministerio de Minas y Energías a los concesionarios mineros cómo el caso de la MMC (Muriel Mining) o actualmente la Minera Cobre SAS. dándoles la potestad de extraer minerales, realizar obras de infraestructura, explotación y transporte de minerales durante 30 años. Aspectos que a lo largo del tiempo han violentado el derecho y la autonomía de las comunidades respecto a las medidas e intervenciones que les afectan en sus territorios. En este caso, no sólo se violenta el derecho a la consulta previa debidamente reglamentaria, sino que atentan contra la cultura del pueblo al momento de intervenir sobre sus territorios sagrados que tienen dentro de su origen y sostenimiento la tierra en disputa, derivando en lo que actualmente conocemos como un conflicto socio ambiental.
Es evidente, que este es un caso que ha operado bajo un modelo depredador con el apoyo del gobierno nacional quien sin la debida autorización descaradamente ha militarizado la zona junto con la compañía Muriel Mining y Minera Cobre SAS. en las comunidades negras e indígenas de Jiguamiandó y Murindó desde diciembre de 2008. Lugares que serán intervenidos para realizar la exploración minera en el marco del megaproyecto Mandé Norte, por una extensión de 16.000 hectáreas en busca de oro, cobre, subproductos como el molibdeno y otros minerales como Pirita, Calcopirita, Bornita, Molibdenita y Malaquita afectando directamente las comunidades de Carmen del Darién en el Chocó y Murindó Antioquia. Igualmente, este modelo extractivista deja en evidencia el modus operandi del Estado y las compañías, permitiendo formas de acumulación por desposesión protegidas por las instancias estatales que brindan las garantías necesarias para este tipo de violaciones; en este caso estamos hablando la militarización ya mencionada por parte del Estado y de la adjudicación de 9 títulos mineros al consorcio Muriel Minning en el año 2009.
Todo esto, sin tener en cuenta las consultas previas realizadas con anterioridad en marzo de 2006, junio de 2006 y en septiembre de 2007, en donde se manifestó un NO rotundo a esta intervención extractiva por parte de las comunidades y las cuales actualmente han tenido inconsistencias en su proceso al adjudicar firmas de apoyo al convenio de personas que no tienen el aval de los miembros de la comunidad. Dejando como consecuencia una clara violación en los derechos de los pueblos como lo son el derecho a la Consulta Previa en el marco del Convenio 169 de la OIT, los derechos fundamentales de la Convención Interameramericana de los DDHH, los derechos ambientales internacionales, el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la autonomía, a un ambiente sano, al de participar en decisiones que los afectan y al de la información. Esto, a razón de que las empresas no ha prestado un estudio de impacto ambiental de sus acciones al Ministerio de Ambiente alegando que no son necesarias por la no destrucción de un ecosistema como la selva, bosques y demás; y que únicamente se contemplen medidas mínimas de impacto ambiental exigidas por las autoridades ambientales como el control y manejo del agua, control atmosférico, manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos, conservación del suelo y manejo de cobertura vegetal, fauna flora dejando a un lado la dimensión cultural de los impactos ambientales.
Ahora bien, cabe destacar que estos procesos de intervención estatal han llevado a que se inicien procesos de desalojo, persecución y judicialización de los indígenas implicados, existiendo alrededor de 638 indígenas desplazados en el territorio de Coredocito y cerca de 50 afrocolombianos del caserío de Alto Guayabal. Esto como respuesta a los intereses, las necesidades y las acciones de imposición del proyecto presentados por parte del Estado y las multinacionales, con el fin de garantizar un resultado económico de alta rentabilidad para las compañías que requieren recuperar la inversión realizada en la fase exploratoria por medio de la intervención de gran parte de la cordillera occidental en la zona media y baja del Atrato chocoano y antioqueño.
De la misma forma, se debe destacar la importancia industrial y económica de dos de los minerales metálicos que quieren explotar: 1) El cobre, el cual es uno de los metales más útiles de la industria debido a sus características especiales como su conductividad eléctrica y porque es esencial para la innovación en numerosos sectores como el automovilístico en donde un automóvil de tamaño mediano tiene hasta 22,5 kg de cobre. Permitiendo que la demanda de este se haya duplicado en los últimos 25 años; igualmente, según un informe de McKinsey Global Institute el consumo de cobre aumentará en un 43% para el año 2035 requiriendo que la producción de cobre se expanda y su precio continúe en aumento pues hoy se sitúa en 4.524 libras (Instituto europeo del Cobre). 2) El molibdeno, el cual es un metal esencial desde el punto de vista biológico y se utiliza en aceros aleados, lo cuales se utilizan en la construcción, en piezas de aviones y automóviles; como catalizador en la industria petrolera; se emplea en la industria nuclear, en distintos pigmentos para pinturas, tintes, plásticos y compuestos de caucho. Llevando a que el precio de este metal en el 2021 gracias a la pandemia tuviera un alza de 41.7%, llegando a los US$11.7 en el 2021, lo que implica un aumento de 26,42% en comparación del 2020 (La Tercera, 2021).
Por otro lado, los impactos ambientales son considerables teniendo en cuenta el enorme impacto ocasionado por la perforación de diamantina donde se requiere extracción de agua tomada de fuentes cercanas para el enfriamiento de brocas de taladros convirtiéndose según las mismas comunidades en la afectación más grave de este proyecto; ya que, la disponibilidad de agua disminuirá considerablemente y la calidad de la misma se verá afectada, dejando como consecuencia que no exista agua limpia para el consumo humano. También, la afectación de estas cabeceras de los ríos y los nacimientos de agua que sirven como fuente directa del consumo humano afectarían los cultivos de pancoger, significando la pérdida de la cultura y la base de su economía.
De la misma forma, la afectación del Cerro Careperro Haykatumá o USA Kira el cual es un territorio sagrado para la comunidad Embera ha sido otra de las mayores problemáticas ambientales y sociales de este conflicto; pues este al ser un territorio sagrado debe estar protegido bajo la Ley 165 de 1994 Art. 8 inciso J, en donde se menciona que “ (…) se respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biología y así mismo se promoverá su aplicación más amplia”. No obstante, se evidencia que la importancia de estos territorios sagrados, que son base para el balance natural y espiritual de las comunidades que habitan a su alrededor, y el compromiso del Estado para la preservación de estas zonas ha sido olvidado; permitiendo que las multinacionales afecten la cultura, la supervivencia y la biodiversidad de estos pueblos.
Ahora bien, a pesar de que en el documento presentado a la comunidad en donde se presenta la propuesta del proyecto se menciona que “ (…) este cerro no será tocado, no habría contaminación del agua, respetarán las formas de vida y las tradiciones culturales de las comunidades, no se producirían daños ecológicos sobre la fauna, los cultivos y se contratará mano de obra de la comunidad” dentro de las 116.000 hectáreas del proyecto; 110.00 de ella hacen parte de este territorio en donde se encuentran bosques que son el hábitat de perdices, guacamayas y loras, y hogar de guaguas, zainos, tatabros, armadillos, conejos, pavones, pavas, cerdos salvajes y monos, que hacen parte la dieta de las comunidades, complementada con maíz, plátano, arroz, yuca y sus plantas sagradas.
Por último, como muestra de la violación los derechos de estas comunidades y la preservación de la biodiversidad por parte del Estado, la compañía llegó a uno de los resguardos escoltada por 300 miembros del Ejército Nacional y construyeron 3 helipuertos, talaron 3 hectáreas de bosque para construir sus instalaciones y se dispusieron a subir al cerro para hacer los trabajos de prospección, lo que ocasionó impactos sociales y ambientales fuertes entre la comunidad como el estancamiento de las actividades agrícolas y de caza (Enviromental Justice Atlas, 2014).
A modo de conclusión, después de entender lo anterior, sabemos qué: existe una constante aparición de casos como este en todo el país, donde se violan los derechos de la ciudadanía y sobre todo de las comunidades minoritarias; que hay una amenaza directa a la fauna, flora y a ecosistemas estratégicos de una región que históricamente ha sido olvidada por su propio pueblo; que hay un constante intento por entes privados de viciar la voluntad de esas minorías tratando de convencer a líderes que no son portadores representativos de la palabra comunitaria, sobre ganancias que no toman en cuenta los factores de supervivencia y cultura de los que están asentados aquí; y finalmente, que hay un gobierno que para velar por unas ganancias económicas que no son superiores o siquiera equivalentes a las afectaciones que se hacen, demoran su gestión para que pueda omitirse la palabra del pueblo al que dicen representar.
Todos los factores mencionados hacen qué este conflicto sea injusto en todo sentido, qué haya una contrariedad tremenda entre el supuesto imperio de la ley por el qué condicionamos nuestras dinámicas sociales diarias, y qué vivimos en una panorama del cual si no nos apersonamos (porque sin ser parte de la identidad indigena, todos somos colombianos), solo seguirá perpetuando una situación de desigualdad qué tarde o temprano empezará a afectar a las grandes urbes, porque cada territorio es esencial para el balance del país en general. Hay una completa asimetría de información qué pone en tela de juicio la transparencia y la legalidad por respaldar una perspectiva material qué en definitiva, no da una ganancia equivalente o siquiera suficiente frente al daño qué se hace. Debemos pensar en cambiar la hipocresía con la qué se manejan los conflictos ambientales en el país, que sin ser directamente un modo de consecuencias negativas a una gran ciudad urbanizada, afecta a miles de personas qué luchan en medio de la indolencia por proteger sus territorios qué son parte vital del entorno en el qué también nosotros vivimos.
¡Despertemos y empecemos a actuar!
Más información en:
Arboleda Adriana, Arango Ubeimar, Yagarí Nury (2008). Colombia, el proyecto minero Mandé Norte. En Asuntos Indígenas y políticas públicas, Centro de políticas públicas y derechos indígenas. Recuperado de: https://landmatrix.org/media/uploads/landmatrixorgmediauploadsprensapoliticaspublicasnetindexphpalatinap3787more1c1tb1pb1pdf.pdf
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2007). Cerro CarePerro (USA KIRA) no a la exploración, ni a la explotación. Recuperado de: https://www.justiciaypazcolombia.com/cerro-care-perro-usa-kira-no-a-la-exploracion-ni-a-la-explotacion/
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2009). Salvemos el Cerro Usa-Kirandarra. Recuperado de: https://www.justiciaypazcolombia.com/salvemos-el-cerro-usa-kirandarra/
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2009). Exploración inconsulta del Cerro USA-KIRANDRARRA. Recuperado de: https://www.justiciaypazcolombia.com/exploracion-inconsulta-del-cerro-usa-kirandarra/
Enviromental Justice Atlas (2014). Minería en el cerro sagrado Cuidado Perro en Antioquia, Colombia. Recuperado de: https://ejatlas.org/conflict/mineria-en-el-cerro-sagrado-care-perro-antioquia/?translate=es
Gonzaga Javier, Muñoz Erika, Hainsfurth Jenny (2016). El extractivismo minero a gran escala, una amenaza neocolonial frente a la pervivencia del pueblo Embera. En Revista Luna Azul, núm 45, Universidad de Caldas. Recuperado de: https://www.redalyc.org/journal/3217/321753629021/html/
Instituto Europeo del Cobre. Mercado del cobe: demanda y valor económico. Recuperado de: https://copperalliance.es/sobre-nosotros/mercado-cobre/
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA. (2021). Autoridades indígenas de Jiguamiandó denuncia nueva arremetida de mineras contra su territorio sagrado. Recuperado de: https://olca.cl/articulo/nota.php?id=108971