Argentina se convirtió en el 10° país en ratificar el Acuerdo de Escazú y lo deja a un paso de su plena vigencia.
Por Camila Bocco (Argentina)
El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, por eso es popularmente conocido como Acuerdo de Escazú.
Se trata de un acuerdo regional que involucra a los 33 países de América Latina y el Caribe y busca garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. En definitiva, busca garantizar derechos sociales y ambientales que, a veces, parecen olvidados.
Para que efectivamente este acuerdo entre en vigencia, se necesita que al menos 11 países lo ratifiquen. Hasta el momento, lo hicieron 10.
Es un acuerdo que nos involucra, nos favorece y nos necesita, pero ¿lo conocemos? ¿Cuáles son sus particularidades?
– Es un acuerdo por la información. Uno de los ejes centrales del Acuerdo de Escazú es la información ambiental. Escrita o visual, registrada o sonora, cualquier dato sobre los riesgos o impactos que puedan afectar al ambiente y a la salud humana, deberán ser de acceso público. Esta información debe ser clara, completa y no debe recaer en tecnicismos, para que se comprenda de la mejor manera posible. Factor sumamente importante, para no recaer en un poder tecnocrático y que las comunidades o individuos afectados puedan, efectivamente, defender sus bienes comunes.
Del mismo modo, se trata de un derecho del público que debe ser garantizado de acuerdo con el principio de máxima publicidad, lo que implica que los gobiernos adopten un rol activo. Argentina, particularmente, cuenta con la ley 25.831 de Libre de Acceso a la Información Pública Ambiental, sancionada en 2004. No obstante,es fundamental reforzar el acceso a la información ambiental.
– Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.
Uno de los puntos más interesantes del Acuerdo de Escazú, es que busca “asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos”.
Este derecho también se encuentra resguardado en Argentina por la Ley General del Ambiente 25.675, ya que los artículos 19, 20 y 21 establecen la “participación ciudadana”, en particular, en los procedimientos de impacto ambiental y en los planes de ordenamiento territorial. Muchas veces, esto ocurre al final del proceso, cuando las decisiones ya han sido tomadas, negandoles la posibilidad a muchas comunidades de tomar decisiones previamente informadas, y de participar de audiencias donde puedan expresarse y ser escuchadas.
– El acceso a la justicia, que deberá darse en condiciones de igualdad. Escazú es un acuerdo basado en derechos y que pretende terminar con la cultura del privilegio de las elites que tienen la información, el capital y la tecnología.
– Protección a los y las defensores ambientales. Uno de los objetivos centrales de Escazú es luchar contra la persecución de defensores ambientales. Es el primer tratado internacional que aborda la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y que surge, precisamente,en una de las regiones más peligrosas del mundo para defender la naturaleza.
– Un acuerdo liderado por mujeres. Excell, Cáceres y Bárcena. Tres mujeres. Tres referentes. El Acuerdo de Escazú es resultado de la participación activa de las mujeres en pos del desarrollo sustentable.
Vale destacar que, si bien el pasado 26 de septiembre de 2020 cerró el período para que el Acuerdo sea firmado por otros países, esto continúa siendo posible, pero mediante un procedimiento distinto: de ahora en adelante, los países firman y ratifican el Acuerdo en un solo paso en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
En definitiva, queda claro: el tiempo de la ciudadanía ha llegado.
El Acuerdo de Escazú es de vital importancia por ser el primero en vincular las cuestiones ambientales con los derechos humanos. El desafío es grande: con Escazú, los gobiernos tendrán que tomar más seriamente sus responsabilidades con el ambiente e involucrarse en las relaciones entre comunidades y empresas.
La ratificación no es el final ni la consolidación de un trabajo que tenemos que continuar los diferentes actores, gubernamentales y no gubernamentales.Es un acuerdo que nos necesita y al que todos podemos – y debemos- aportar.
Por una reactivación participativa, democrática y justa: ¡Escazú ahora!
