La importancia de la Sociedad Civil Brasileña en la COP26

Enfrentándose con el auto-aislamiento y la inacción climática, la sociedad civil del Brasil asume el papel de idear y proponer soluciones y alternativas para el 2030 basadas en el diálogo y en la ciencia, en la COP más esperada y decisiva desde el Acuerdo the París (2015, COP21).

Por Pedro Tufic Silveira Bouchabki | YPA Brazile

Traducción: Silvia Bellavite

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Brasil, históricamente, siempre ha sido protagonista de las negociaciones sobre el desarrollo sostenible. El País tiene la mayor biodiversidad del mundo (el 23% de todos los peces de agua dulce del mundo, el 16% de las aves del planeta, el 12% de los mamíferos y el 15% de todas las especies de animales y plantas), la foresta pluvial más extensa y recubre un papel crucial en el equilibrio climático y de los ecosistemas, por ambos el Sur América y el planeta. Reconocido por su diplomacia ejemplar y el cumplimento de su compromisos, por tradición abre la Asamblea General de las Naciones Unidas y participa en manera técnica- y basada en la ciencia- a los debates internacionales y las discusiones.

Con el potencial de dirigir la transición hacía una economía nueva – regenerativa y a baja en carbón -, es también pionera en iniciativas como el primer proyecto REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation), una herramienta financiera desarrollada por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) para los pagos de los servicios ambientales.

Hoy en día, existe un movimiento para la creación de una agenda global para la preservación de la Amazonia y contra la deforestación, donde solo el 1% de la deforestación está hecho de manera legal. Es más, esta agenda va de la mano con el reconocimiento de una vocación económica de la Amazonia y una economía nueva, llamada “bioeconomía”, basada en fruta, aceites, cosmética, pesca, sectores industriales; hoy desconectada del potencial de la naturaleza de la Amazonia, y el reconocimiento del papel indispensable recubierto por las personas indígenas como guardas y mantenedores de las forestas y del uso sostenible de los recursos naturales.

Sin embargo, a pesar de su reputación prestigiosa, en años recientes no ha estado a la altura de su historia – y no parece interesada en hacer algo de manera diferente. El bloqueo de los 1.4 mil millones del Fondo Amazonia de hace 3 años, la criminalización en el tercer sector, el incentivo a la minería y el acaparamiento de tierras en áreas indígenas, la nueva – y mucho menos restrictiva – ley de licencias sobre el medio ambiente, el autoaislamiento diplomático, el vaciado de los ministerios, el reemplazo de las posiciones técnicas y de carrera con representantes personalmente designados y el grave corte de los fondos han culminado en el desmantelamiento y en la discontinuidad de políticas públicas destinadas a la preservación de los biomas y la protección de las personas y de las tierras indígenas, ribereñas y quilombolas; en el aumento de la deforestación – y de las emisiones de gas de efecto invernadero – y en una nueva crisis de agua que se despliega incluso en la ralentización del sector agricultural de monoculturas, que recibe subsidios e incentivos fiscales de mil millones de dólares, en contraste con el mundo, que empieza a reconocer la importancia de una agricultura ecológica, rigenerativa y baja en carbón.

Cada año que pasa, el Día de la Deuda Ecológica es anunciado más temprano, y la emergencia climática se acentúa: a partir de la subida de la temperatura media de la Tierra, hasta el número siempre mayor de refugiados, los desastres naturales y la escasez de recursos. Desde el Acuerdo de París, el debate ha sido identificado y esta es la Conferencias de las Partes más determinante y anticipada desde entonces.

Los países necesitan formalizar los acuerdos que demuestran que las ambiciones climáticas van juntas con la urgencia del momento y proporcionan instrumentos para la operacionalización de esas medidas. Esta puede ser una ventana de oportunidad abierta para Brasil de participar proactivamente en los acuerdos y reconquistar su papel de relevancia en la agenda global.

La mala noticia – o muy mala y lamentable – es que, está claro, Brasil ya es la mayor decepción de esta COP26. El cuarto país que mata a más ambientalistas en el mundo, del cual 36 entre las 40 municipalidades que emiten más CO2 no son centros urbanos/industriales y ocupan la lista por “cambio de uso del suelo” (principalmente por deforestación), no está representada en la Conferencia por sus jefe de gobierno; él no envió ni a su vicepresidente ni a otros ministros suyos. Está acertado que la administración actual no confía en las vacunas – e incluso menos en la ciencia -, y hay que dudar de que lo entienda y se lo crea que la Tierra es una esfera.

Las noticias que llevan consigo esperanza a pesar de la inacción por parte del gobierno federal, de todo modo Brasil está bien representado. “Rompiendo” los protocolos y perturbando las dinámicas de la conferencia misma, ha pasado algo de importancia histórica: se han formado y son presentes ahora en Glasgow unos gobiernos subnacionales y una sociedad civil organizada, ocupando espacios para el diálogo y la creación de alternativas – y representativas – agendas Brasileñas.

En el área de los pabellones de los países (Zona D, en la Zona Azúl – Blue Zone – una área limitada a los delegados de las partes, medias y observadores), hay el Centro de Acción Climática de Brasil (Brasil Climate Action Hub), operado por una gran coalición de organizaciones del Tercer Sector y coordinado por el Instituto del Clima y de la Sociedad (iCS), el Instituto de Amazonia de la Investigación Ambiental (IPAM) y el Instituto ClimaInfo.

Allí, se han promovido debates pertinentes con especialistas, académicos, representantes de los principales actores del Tercer Sector y del sector privado, al fin de discutir de políticas públicas, soluciones y alternativas para Brasil, desde una perspectiva integrada de justicia climática. En aquel día, había incluso un panel de presentación de la iniciativa “Clima y Desarrollo: Miradas para Brasil 2030”, que ha colaborado a través de consultorías, por 4 meses, con aproximadamente 300 expertos y líderes de gobiernos subnacionales, comunidades. empresas, compañías, fondos de inversión, coaliciones y asociaciones privadas.

Problemas públicos multidimensionales y complejos requieren coordinación de empeños para enfrentarse a los mismos, cosa que se revela como una gran dificultad por la administración pública Brasileña, que suele carecer de una perspectiva transversal, fragmentada en órganos con baja capacidad de diálogo y distante de otros interesados y objetivos. En este contexto, los intentos de resolución están caracterizados por una superposición de esfuerzos que tienen un alto nivel de ineficiencia.
Sobre la base de este entendimiento, se ha observado que, otra vez, la sociedad civil organizada desarrolla unos intentos en línea con su vocación: actuar concisamente y pragmáticamente con el fin de solucionar problemas que ni el sector público ni tampoco aquello privado demostraron la capacidad de solucionar. En la COP, esto resulta evidente, y el mundo y Brasil se lo agradecen.