Finanzas, justicia y activismo climático: La nueva frontera

Por: Juan José Guzmán Ayala

Como activistas climáticos, nuestras voces se han enfocado en exigir ambición para mitigar la crisis climática, y exigir justicia toda vez que sus impactos los están viviendo y sufriendo justamente quienes no la causaron. Nuestros esfuerzos serán en vano si no hablamos de financiación, y herramientas que permitan hacer estos planes aún más ambiciosos. Por eso debemos extender nuestro entendimiento de justicia y el alcance de nuestro activismo a las finanzas climáticas.  

Todo empieza con una promesa hecha durante la quinceava cumbre de cambio climático (COP15) que tuvo lugar en Copenhague en 2008. Allí, los países desarrollados se comprometieron de manera colectiva a movilizar $100 mil millones de dólares por año para financiar la acción climática en los países en desarrollo. Esta meta tenía como fecha de caducidad, el año 2020. Con $83 mil millones (OECD, 2022) movilizados ese año, no nos debería sorprender que no se cumplió la meta. Recordemos que hablamos de muy poco si consideramos, por ejemplo, el presupuesto militar anual de los Estados Unidos que asciende a los $773 mil millones de dólares (US Dept. of Defense, 2022). Según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), en el mundo habrá más de 1,2 mil millones de personas en riesgo de desplazamiento por eventos climáticos extremos en el año 2050 (IEP, 2020). Ante uno de los retos económicos y sociales más grandes de nuestra historia, parecería ser que los compromisos políticos se limitan a palabras, o como diría la activista sueca Greta Thunberg, son puro “blah, blah, blah”. (BBC News, 2021)

Ante una nueva ronda de negociación que tendrá lugar en noviembre de este año durante la cumbre climática COP27 en la ciudad egipcia de Sharm El Sheikh, la comunidad activista debe evitar la perpetuación de esquemas de toma de decisión que profundizan las injusticias de la crisis climática. Debemos abogar por un mundo descarbonizado, próspero y más justo. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el financiamiento climático que fluyó desde países desarrollados a países en desarrollo entre 2013 y 2020 se caracterizó por: i) tener un sesgo a favor de inversión en proyectos de mitigación; ii) el mecanismo más utilizado para proveer financiamiento fue la deuda; y iii) los flujos fueron mayores para países en Asia y de ingreso medio (OECD, 2022); es decir, para países cuyo producto nacional bruto (ingreso) per cápita es de entre $1.036 y $4.045 dólares por año (World Bank Group, 2022). Para poder juzgar estos hallazgos es fundamental preguntarnos qué busca el financiamiento climático. 

¿Por qué hablar de justicia y finanzas?

Conceptualicemos la justicia según la define el filósofo John Rawls quien dice que “la justicia es equidad” (Stanford Encyclopedia of Philosophy). Al referirse a equidad, Rawls se refiere al poder “gozar de derechos y oportunidades de manera libre” dadas nuestras condiciones individuales. Como persona miope, es equitativo que yo pueda tener acceso a unos lentes que una persona sin problemas de visión no necesita para poder gozar de una existencia libre y plena. Bajo este principio, las finanzas climáticas deberían beneficiar de manera preferencial a los grupos más vulnerables, es decir, a quienes necesitan recursos para adaptarse a una crisis que no causaron. Las estadísticas de la OCDE demuestran que las finanzas climáticas han sido todo menos beneficiosas para las víctimas de la crisis climática.

Nos enfrentamos ante una difícil situación. Por un lado, la pandemia del COVID-19 desencadenó una “pandemia de deuda”, donde los países en desarrollo financiaron sus respuestas sanitarias y de recuperación económica, incrementando sus niveles de deuda pública. Esto ha resultado en un presente y futuro cercano donde gran parte de los gastos públicos de los próximos años deberá estar orientado al repago de esa deuda. Los países en desarrollo tienen que aumentar sus niveles de gasto para continuar mejorando sus indicadores de pobreza, calidad de vida y productividad, todo mientras aumentan los esfuerzos para construir infraestructura y sistemas sociales y productivos adaptados a la crisis climática. No hay más “espacio fiscal” para pedir más préstamos, y el poco dinero disponible se irá en gran parte a pagar por gastos fijos del Estado, y a la respuesta de la última gran crisis. ¿De dónde vendrá el dinero para invertir en el futuro? Las finanzas climáticas tienen el potencial de ser una de las pocas puertas que restan por abrir en su totalidad. 

El esquema actual de finanzas climáticas enfrenta tres grandes retos que deberán ser superados para no perpetuar la insuficiencia del cumplimiento de las metas de financiación de Copenhague.

1. La adaptación al cambio climático no cuenta con suficientes recursos. Sólo el 7% de los flujos financieros climáticos han sido orientados a proyectos de adaptación (CPI, Global Landscape of Climate Finance 2021). A medida que el financiamiento climático aumenta, la participación relativa de rubros de adaptación también deberá aumentar significativamente.
2. El financiamiento climático no está alineado con las necesidades e intereses de los grupos más vulnerables. Este ha contado con un sesgo hacia los proyectos más rentables, de menor riesgo, de mayor rendimiento y, a menudo, de mayor escala, lo que ha resultado en que regiones apartadas, sectores más vulnerables como el agrícola, y actores de menor tamaño como las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y las organizaciones de base se vean marginalizadas de recibir parte de esos flujos financieros (Anantharajah, Kirsty, et al., 2022). Recordemos que las PyMEs emplean a más del 50% de los trabajadores, y aportan 40% del PIB a nivel global (World Bank, SME Finance). Las prioridades de desarrollo local según los habitantes del territorio muchas veces no están alineadas con los intereses de los financiadores y las prioridades de quienes estructuran los proyectos.
3. El sector público no cuenta con los recursos suficientes para lograr las metas del Acuerdo de París. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC según sus siglas en inglés), se requiere entre $1,6 y $3,6 billones de dólares anualmente para lograr la meta de limitar el calentamiento de la superficie terrestre a 1,5 grados centígrados establecida por el Acuerdo de París (Timerley, Jocelyn, 2021). Lograr tal nivel de financiamiento será imposible si la tarea solo la asume el sector público. Es fundamental apalancar el músculo del sector privado para lograr avances sistémicos. 

Es necesario enriquecer discusiones de justicia climática con un acercamiento al mundo financiero. La justicia financiera es la nueva frontera del activismo climático. 

Concretamente, ¿qué soluciones necesitamos? A continuación, algunas propuestas. 

1. Construir un ambiente habilitador que facilite el flujo de subvenciones y deuda a quienes más lo necesitan. Actualmente, los entes de toma de decisión que determinan las prioridades y criterios a partir de los cuales se escoge qué proyectos e iniciativas financiar, están compuestos mayoritariamente por diplomáticos, tecnócratas y políticos. Cada uno cumple una labor fundamental, pero es importante enriquecer aquellos cuerpos colegiados para que nuevos y mejores criterios puedan ser introducidos con rigor. Allí, incluir objetivos interseccionales y contextuales donde “con la misma regla” no se midan todos los proyectos, sino que la priorización nazca a partir de un entendimiento particular de la historia y el contexto de un lugar, sus violencias, sus fuentes de riqueza económica, natural y cultural, y sus necesidades para alcanzar el bienestar. No solo en los organismos internacionales se deberá incluir una mayor participación de la sociedad civil y los grupos territoriales, sino también en entes nacionales y locales de toma de decisión, para que, de manera sistémica, las necesidades de los más vulnerables logren empatar con la agenda de los recursos ofrecidos. Seguramente, esto requerirá que se abran nuevos enfoques y programas para incluir financiamiento a PyMEs, sectores como el agrícola y el de servicios, y a municipios de mediano y pequeño tamaño. Habrá que diseñar buenos esquemas para lograr verdaderos avances en competitividad y mejoras en capacidad técnica para que estas iniciativas sean autosostenibles en el largo plazo. Este cambio no significa dejar a un lado a los grandes proyectos con el mayor potencial de retorno. Significa escuchar, apoyar y dar las riendas a quienes han sido dejados a un lado por las oportunidades. 
   
2. Mejorar la madurez y preparación de proyectos que históricamente han sido marginalizados. Se escucha una y otra vez en los círculos de financiamiento climático la misma queja: “hay recursos, lo que no hay son proyectos”. Esto se refiere a que, en muchas ocasiones, proyectos privados de pequeña envergadura, y proyectos comunitarios, no cuentan con la madurez técnica para ser elegibles y recibir financiamiento, y cuando lo son, pueden fallar por requerir apoyo después de recibir los recursos. Este es un problema que no es nuevo, y que iniciativas como los servicios de extensión agrícola han intentado resolver a través del desarrollo de esquemas de asistencia técnica. No obstante, han sido iniciativas relativamente pequeñas. Es fundamental que la capacidad técnica de actores privados, de sociedad civil e incluso de funcionarios públicos, mejore para que se pueda construir una base fuerte de proyectos bien estructurados. Para lograrlo, subvenciones en forma de servicios de asistencia técnica e incubación deberán aumentar significativamente en su tamaño, alcance y calidad.  
   
3. Utilizar recursos públicos para atraer recursos privados. ¿Si un proyecto tiene el potencial de generar retornos financieros, por qué debería el sector público ser su único apoyo? Históricamente hemos pensado que, si un proyecto es demasiado riesgoso, y su retorno no compensa ese riesgo, el sector privado no debería entrar en la ecuación a financiarlo. Algunos dirían que ese proyecto no debería existir. Asumamos que sus externalidades positivas pueden ser mayores al costo asociado con su riesgo, lo que significa que el beneficio que ese proyecto genera para la sociedad compensa el riesgo que este implica. En ese caso, los recursos públicos son minúsculos e insuficientes para financiar la gran necesidad que existe. Aquí es donde las finanzas mixtas entran a plantear una nueva solución. Con poco menos de diez años existiendo en su encarnación actual, las finanzas mixtas pretenden mezclar capital público y filantrópico de grandes fundaciones con el objetivo de atraer capital privado. En resumidas cuentas, los inversionistas privados tienen mandatos de inversión que no les permite invertir en proyectos demasiado riesgosos. En las finanzas mixtas, quien asume la mayor parte del riesgo es el capital público, así habilitando a los inversionistas privados para entrar a participar. De esta manera, una porción importante del presupuesto público podría irse a proyectos comunitarios, de infraestructura y de conservación, que no pretenden generar retornos financieros. Si implementamos esquemas de finanzas mixtas a mayor escala, podremos hacer “que la plata rinda más”. 
   
4. Construir mecanismos para compensar los daños hechos. Desde la adopción de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en 1992, los países más vulnerables al cambio climático han pedido que se reconozca la necesidad de hacer pagos por “pérdidas y daños”. Es decir, que los países que causaron el cambio climático paguen directamente por los costos asociados a los eventos climáticos extremos que azotan a países en desarrollo, en especial, ante eventos en los cuales la adaptación no es una opción. Por ejemplo, los países islas del Pacífico, que quedarán bajo el mar durante las próximas décadas, reclaman por una compensación por la pérdida de toda su cobertura territorial bajo las olas. Solo hasta hace algunos días, ningún país desarrollado había aceptado su responsabilidad ofreciendo financiamiento de este tipo. Dinamarca ha ofrecido $13 millones de dólares a iniciativas de pérdidas y daños y organizaciones de la sociedad civil (Lo, Joe). Necesitamos incrementar y mejorar el financiamiento de este tipo. 

El activismo por sí solo no logra el cambio, pero si podemos decir que, en muchas ocasiones, allí es donde este empieza. A diferencia de lo que opinan los que denigran sobre la exigencia popular por el cambio, el activismo es poderoso y útil. Tiene la capacidad de plantear problemáticas con un alcance amplio, introducirlas en el argot popular, y plantear soluciones ambiciosas que con la ayuda del aparato político pueden convertirse en una realidad, tal y como ha ocurrido con el Acuerdo de Escazú en varios países de Latinoamérica y el Caribe. Necesitamos que, tal y como hemos empezado a hablar de la deforestación y la necesidad de frenar el asesinato de líderes sociales, hablemos del financiamiento climático. Esta es una invitación para que parte de nuestros mensajes y exigencias como activistas climáticos sea acerca de la adopción de la justicia como principio rector en las finanzas climáticas.

Hay luz al final del túnel. Tenemos que aprender que la fortaleza de nuestras voces está no solo en la ambición o esperanza que nuestro mensaje pueda transmitir, sino también en el potencial que tenemos para influir en decisiones que trascenderán nuestra propia existencia. Es nuestro trabajo sembrar una huerta en la que podamos cultivar un mundo más justo y próspero del que recibimos. Allí es donde está el verdadero éxito de nuestra causa.

* Cofundador de la organización de activismo climático juvenil, Pacto X El Clima. Economista y estudiante de Maestría en Administración Pública y Salud Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York.